El dato sale del Estudio de los costes de producción del cultivo de patata, elaborado por la Universidad de Valladolid. El trabajo calcula para una explotación tipo de regadío un coste medio superior a 8.000 euros por hectárea, con un rendimiento esperado de 44,7 toneladas por hectárea de patata estándar destinada a consumo o industria.
El cálculo tiene en cuenta costes directos e indirectos y no descuenta las posibles ayudas que pueda recibir el agricultor. Además, la propia Junta advierte de algo importante: 18 céntimos es una media, no el coste exacto de todas las explotaciones. Segovia y Ávila presentan costes por hectárea superiores a la media, mientras que Palencia queda por debajo.
Los 18 céntimos no son un precio mínimo universal para toda la patata
Este es el principal matiz de la noticia. El estudio aporta una referencia para conocer cuánto cuesta producir, pero no convierte automáticamente los 0,18 euros por kilo en un precio único y obligatorio para cualquier operación. El coste real depende de cada explotación, de su rendimiento y de gastos como el riego, la energía, la semilla, los fertilizantes o los tratamientos.
La Ley de la Cadena Alimentaria sí establece una protección concreta. El precio que recibe un productor primario en un contrato alimentario debe ser superior a su coste efectivo de producción, entendido como el conjunto de costes asumidos para desarrollar su actividad. La norma incluye expresamente elementos como semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, energía, maquinaria, riego, amortizaciones y mano de obra.
Además, la ley busca evitar la destrucción de valor a lo largo de la cadena: cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un importe igual o superior al coste que este haya asumido. También establece límites para las ventas finales al consumidor por debajo del precio real de adquisición, con determinadas excepciones para productos perecederos próximos a quedar inutilizados.
Por eso, el nuevo estudio puede resultar útil en una inspección, pero el dato medio no sustituye la necesidad de acreditar los costes reales de cada caso.
La campaña de 2026 ya apunta a un coste más próximo a 20 céntimos
La referencia de 18 céntimos tiene otra letra pequeña: está construida sobre datos de la campaña de 2025. Para la campaña actual, la propia Consejería ha señalado que la evolución de los gastos podría acercar el coste de producción a 0,20 euros por kilo.
El sector llega además con menos superficie cultivada. Castilla y León ha pasado de cerca de 19.500 hectáreas en 2025 a unas 16.600 hectáreas esta campaña, mientras las previsiones apuntan a una cosecha cercana a las 800.000 toneladas. La Administración relaciona esa reducción con los elevados costes y con la incertidumbre sobre los precios de venta.
No es un cultivo menor para la Comunidad. Castilla y León continúa siendo la principal productora española de patata y concentra alrededor de la mitad de la producción nacional según los datos presentados ahora por la Consejería. Ya en abril, la Junta situaba su peso en el 44,6% de la producción española con los datos entonces disponibles.
La respuesta anunciada pasa por reforzar las inspecciones sobre las relaciones comerciales y utilizar el estudio como una referencia adicional para revisar que los contratos reflejan correctamente los costes soportados por los productores. También se ha planteado reforzar la coordinación con el Ministerio de Agricultura y con la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Qué significa para quien compra patatas en el supermercado
Para el bolsillo del consumidor hay que evitar una conclusión demasiado rápida. Que producir un kilo cueste de media 18 céntimos no significa que la patata deba venderse a ese precio en la tienda, ni que el nuevo estudio vaya a provocar por sí solo una subida concreta en el supermercado.
El precio que paga un hogar corresponde al producto después de pasar por distintos eslabones de la cadena. Lo que se intenta proteger con estos controles es que el precio no se construya a costa de obligar al agricultor a asumir pérdidas contrarias a las reglas de la cadena alimentaria. La normativa también protege la formación de valor en los siguientes eslabones.
La Junta ha pedido además a los consumidores que revisen el origen de las patatas en el etiquetado, tanto en el producto envasado como en la venta a granel. Es una cuestión distinta del precio: elegir producto nacional no garantiza pagar menos, pero permite saber qué se está comprando y de dónde procede.
La clave, por tanto, está en no confundir tres cifras diferentes: coste de producción, precio que recibe el agricultor y precio final de venta al público. Los 18 céntimos corresponden al primero y son una media calculada con datos de 2025. Para esta campaña, el coste real puede ser mayor y dependerá de cada explotación.
