El debate sobre si una persona debe cobrar lo mismo durante una baja médica ha vuelto a la actualidad después de que Alberto Núñez Feijóo cuestionara los complementos que permiten mantener el salario completo. En ese contexto, se ha recuperado un estudio que analiza qué ocurrió cuando España endureció esa protección para el sector público.
Conviene aclarar el alcance. No se estudiaron funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. El trabajo fue firmado por Judit Vall Castelló, de la Universidad de Barcelona, y Olivier Marie, y utilizó datos de empleados públicos y privados de toda España entre 2010 y 2014. Fue publicado en 2023 en el Journal of Labor Economics.
Qué cambió en la nómina pública en 2012
El Real Decreto-ley 20/2012 limitó el complemento retributivo de las bajas por enfermedad común. Durante los tres primeros días, la suma podía alcanzar como máximo el 50% de las retribuciones; del cuarto al vigésimo, el 75%; y desde el día 21 podía recuperarse el 100%. Las contingencias profesionales conservaron una protección de hasta el 100% desde el primer día.
La reforma admitía excepciones justificadas, entre ellas la hospitalización y la intervención quirúrgica. Su efecto económico se concentraba, por tanto, en las bajas breves por contingencias comunes, precisamente aquellas en las que perder una parte importante de la nómina podía pesar más en la decisión de ausentarse o reincorporarse.
Los investigadores compararon actividades con una presencia superior al 95% de empleo público con otras donde ese peso era inferior al 5%. De esta forma intentaron aislar el efecto del recorte salarial frente a otros cambios del mercado laboral.
Menos bajas no significa automáticamente mejor salud
El resultado más llamativo fue una caída estimada del 29% en el número de procesos de baja entre los empleados públicos afectados. Sin embargo, la duración media de cada proceso aumentó un 28%. Al combinar ambos efectos, los días totales perdidos por trabajador se redujeron alrededor de un 10%.
La otra cara apareció en la salud. El estudio detectó más recaídas, especialmente vinculadas a enfermedades infecciosas, y un incremento superior al 50% en las ausencias clasificadas como accidentes de trabajo. Buena parte de estas últimas estaban relacionadas con dolores de espalda.
Los autores calculan que ese desplazamiento hacia accidentes laborales anuló casi dos quintas partes de la reducción inicial de días de ausencia. Por eso, presentar el episodio como una mejora de salud resulta engañoso: hubo menos bajas, pero también indicios de reincorporaciones prematuras y de traslado hacia otra cobertura.
Qué significa hoy para el bolsillo de un trabajador
La regla de 2012 ya no puede presentarse como el régimen actual de todos los empleados públicos. Desde 2018, cada Administración puede fijar, previa negociación, complementos de hasta el 100%. La Administración General del Estado restableció desde el primer día el 100% de las retribuciones ordinarias para su personal, aunque los conceptos ligados a productividad pueden seguir reglas distintas.
En el Régimen General, la prestación legal por enfermedad común o accidente no laboral es del 60% de la base reguladora desde el cuarto día hasta el vigésimo y del 75% desde el día 21. Los tres primeros días no tienen cobertura legal, pero muchos convenios colectivos y empresas añaden complementos que reducen o eliminan esa pérdida.
La clave está en revisar la causa de la baja, el convenio aplicable, el complemento de la empresa o Administración y la nómina concreta. Si el ingreso mensual baja, también conviene vigilar costes que pasan desapercibidos: Finantres dispone de una guía sobre los mejores bancos para llevar la nómina y otra sobre cuentas bancarias sin comisiones.
El coste de las bajas exige algo más que recortar salarios
La incapacidad temporal supuso un gasto de 16.500 millones de euros para la Seguridad Social en 2024, según la AIReF. Su evaluación de 2026 no se limita a los incentivos salariales: reclama mejorar la información compartida, la supervisión del INSS, la coordinación con atención primaria y el análisis de las listas de espera.
Eso importa porque una baja más larga no siempre responde a una decisión del trabajador. También puede estar vinculada a demoras diagnósticas, tratamientos pendientes o una gestión fragmentada. Reducir el salario puede disminuir algunos procesos, pero el estudio de 2012 advierte de que parte del coste puede reaparecer en recaídas, accidentes o enfermedad presente en el puesto.
La idea práctica es sencilla: menos partes de baja no equivalen por sí solos a una plantilla más sana. Antes de defender o rechazar un cambio, conviene medir también cuánto dura cada proceso, cuántas personas recaen y qué ocurre con los accidentes laborales. Ahí está la diferencia entre ahorrar gasto y trasladarlo.
