Más autónomos, pero con márgenes cada vez más apretados
Euskadi cerró junio de 2026 con 167.353 personas inscritas en el RETA, 291 más que en mayo y 498 más que un año antes, según los datos citados por Onda Vasca a partir de las estadísticas del Ministerio de Trabajo. La afiliación general a la Seguridad Social también marcó máximo, con 1.044.686 cotizantes al cierre de junio, según el Gobierno vasco.
El dato, sobre el papel, es bueno. Hay más actividad y el empleo asalariado aguanta. Pero para un autónomo, que haya más afiliados no significa automáticamente que el negocio sea más rentable. La pregunta importante es otra: cuánto queda limpio después de pagar cuota, impuestos, alquiler, energía, financiación, proveedores y comisiones de cobro.
ABAT-Autonomoak BAT, asociación intersectorial vasca, denuncia que muchos pequeños negocios siguen sufriendo costes laborales, energéticos y financieros, además de exceso de burocracia y obligaciones administrativas. Su queja no va solo de pagar más. Va de operar con menos margen y con más incertidumbre.
En ese contexto, conviene revisar todos los costes fijos del negocio, no solo los fiscales. Quien trabaje con cuenta profesional, financiación o cobros recurrentes puede comparar opciones en la guía de mejores bancos para autónomos de Finantres, siempre mirando comisiones, transferencias, descubiertos, tarjetas y condiciones reales.
El cese de actividad vuelve a fallar donde más debería proteger
El punto más delicado está en el llamado “paro de los autónomos”. Según los datos publicados por Onda Vasca, en Euskadi se presentaron 747 solicitudes de cese de actividad en 2025 y 366 fueron aprobadas en primera instancia. Es decir, menos de la mitad salieron adelante sin tener que recurrir.
La Seguridad Social define esta prestación como una protección para trabajadores autónomos en situación legal de cese de actividad, definitiva o temporal. Para acceder, exige, entre otros requisitos, estar afiliado y en alta, tener al menos 12 meses cotizados por cese de actividad en los 24 meses anteriores, justificar la situación legal de cese y estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
La teoría es sencilla. La práctica, no tanto. El autónomo no solo tiene que cerrar o demostrar que el negocio no aguanta. Tiene que encajar su caso en una causa legal, justificar pérdidas, caída de ingresos, deudas, fuerza mayor u otras situaciones previstas. Y ahí es donde muchos expedientes se atascan.
Desde el 1 de junio de 2019, el SEPE dejó de gestionar las altas iniciales de esta prestación y la protección por cese de actividad del RETA pasó a las mutuas colaboradoras, según el propio SEPE y el Centro Estatal Red COE.
Para el autónomo, el problema no es administrativo: es de caja. Si el negocio cae, no entra dinero y la prestación se deniega, la protección llega tarde o no llega. Y cuando ya has pagado cuotas durante años, esa sensación de indefensión pesa.
La presión fiscal no se mide solo en impuestos
ABAT también apunta a la presión fiscal y de cotizaciones. La asociación sostiene que un autónomo o una microempresa puede soportar una carga económica de en torno al 30%-36% entre impuestos y cotizaciones, frente a tipos efectivos mucho más bajos en algunas grandes compañías. Es una denuncia de parte, pero refleja una preocupación real del colectivo: no todos compiten con la misma espalda financiera.
Aquí conviene no mezclar conceptos. Un autónomo no paga solo IRPF o IVA. El IVA muchas veces lo recauda para Hacienda, pero afecta a la caja si cobra tarde y liquida antes. El IRPF depende del rendimiento neto. La cuota de autónomos llega aunque el mes venga flojo. Y a eso se suman gestoría, seguros, alquiler, suministros, software, banco y medios de pago.
La clave está en el coste total. Un comercio pequeño que cobra mucho con tarjeta debería revisar su TPV, igual que un profesional que factura a empresas debería vigilar plazos de cobro y descubiertos. Si el coste principal está en los pagos con tarjeta, puede tener sentido consultar una selección de mejores TPVs y comparar cuota fija, comisión por operación, permanencia y liquidación.
No todos los negocios necesitan lo mismo. Una tienda de barrio, un freelance, una pequeña sociedad y una empresa con empleados tienen problemas distintos. Por eso también puede ser útil revisar opciones pensadas para pequeñas empresas si el negocio ya tiene más estructura, nóminas, proveedores y cobros recurrentes.
Qué debe revisar ahora un autónomo vasco
La prestación por cese de actividad no se pide “por cerrar sin más”. La Seguridad Social exige acreditar la causa y presentar documentación. Además, la solicitud debe presentarse ante la mutua con la que el autónomo tenga cubiertas las contingencias profesionales, o ante el Instituto Social de la Marina si corresponde, hasta el último día del mes siguiente al cese.
La cuantía general es el 70% de la base reguladora, calculada con el promedio de las bases de cotización de los 12 meses anteriores. En determinados ceses parciales o por causas específicas, la norma prevé el 50%. La duración puede ir de 4 a 24 meses, según los periodos cotizados dentro de los 48 meses anteriores.
El autónomo que vea venir un cierre, una caída fuerte de ingresos o una situación inviable debería ordenar documentación antes de solicitar: declaraciones fiscales, contabilidad, facturas, deudas exigibles, comunicación con clientes, pérdidas, contratos y cualquier prueba que justifique la causa. No es una recomendación legal personalizada; es sentido común de negocio. En este trámite, un papel mal preparado puede dejar fuera una prestación cotizada durante años.
El debate de fondo es claro: Euskadi tiene más afiliación y mejores datos de empleo que otras comunidades, pero muchos autónomos siguen sintiendo que pagan como empresa sólida y se protegen como trabajador de segunda. Si el cese de actividad no funciona cuando el negocio cae, la cuota deja de parecer una protección y empieza a parecer otro coste fijo más.
