El Consejo de París ha optado por aplicar los tipos máximos permitidos por la nueva legislación francesa. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y afectará a viviendas que lleven al menos un año vacías en zonas donde existe una fuerte presión para acceder a una casa.
La capital francesa calcula que existen 139.075 viviendas vacías, sin contar las residencias secundarias, cerca del 10% de su parque residencial. El objetivo político es que unas 20.000 vuelvan al mercado mediante el alquiler o la venta, aunque esa cifra es una estimación municipal y no un resultado garantizado.
Qué pagarán los propietarios de viviendas vacías en París
La tasa francesa se calcula sobre la renta o valor locativo catastral, no sobre el precio de mercado de la vivienda. El tipo será del 30% durante el primer ejercicio de tributación y subirá al 60% a partir del segundo. Es importante no confundirlo con un recargo del 60% sobre otro impuesto ya calculado.
El Ayuntamiento de París utiliza el ejemplo de un piso vacío de 30 metros cuadrados en el distrito 17. La factura estimada, que antes de la reforma rondaba los 790 euros, ascendería a 1.400 euros en 2027 y a 2.800 euros desde 2028. Es un caso orientativo, no una cantidad aplicable a todos los propietarios.
La norma mantiene excepciones cuando la desocupación no depende realmente del dueño. Puede ser el caso de una sucesión o un procedimiento judicial, obras importantes para hacer habitable el inmueble o una vivienda ofrecida en venta o alquiler a precio de mercado sin encontrar comprador o inquilino. Estas situaciones deberán acreditarse ante la Administración francesa.
Qué recargo se aplica actualmente en Valencia
Valencia no necesita copiar a París para gravar determinadas viviendas vacías porque ya dispone de un mecanismo propio. Su ordenanza del IBI, vigente desde el 1 de enero de 2026, establece un recargo del 30% sobre la cuota líquida del impuesto para viviendas desocupadas con carácter permanente. No es un 30% del valor del piso ni de su valor catastral.
La letra pequeña reduce considerablemente el número de afectados. El recargo valenciano se dirige a contribuyentes que sean titulares de más de diez viviendas desocupadas dentro del municipio y cumplan las condiciones de la normativa autonómica. Además, los inmuebles deben haber sido declarados vacíos por la Generalitat Valenciana y aparecer en su registro de viviendas desocupadas.
El cobro se devenga el 31 de diciembre y se liquida anualmente. La declaración no se produce de manera automática porque un piso figure sin personas empadronadas o tenga un consumo bajo: el Ayuntamiento debe iniciar el expediente, acreditar los indicios y permitir que el propietario presente alegaciones. Por tanto, el dueño de una única vivienda temporalmente vacía no recibe este recargo solo por mantenerla cerrada unos meses.
Valencia puede endurecerlo, pero tendría que aprobar una nueva ordenanza
La legislación estatal deja a los ayuntamientos bastante más margen del que utiliza actualmente Valencia. Permite establecer un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI cuando la vivienda lleve desocupada más de dos años sin causa justificada y pertenezca a un titular con cuatro o más inmuebles residenciales.
El porcentaje puede alcanzar el 100% cuando la desocupación supera los tres años. Además, el municipio puede añadir hasta 50 puntos porcentuales cuando el mismo propietario tenga dos o más viviendas vacías en la localidad. En el supuesto máximo, el recargo podría llegar al 150% de la cuota líquida del IBI, siempre que la ordenanza municipal lo contemple y se cumpla el procedimiento de declaración.
Esto significa que la decisión parisina no provoca una subida inmediata para los propietarios valencianos. Su efecto es principalmente comparativo: muestra hasta dónde puede llegar una ciudad con problemas de acceso a la vivienda cuando decide utilizar la fiscalidad para intentar movilizar pisos vacíos. Valencia tendría que modificar expresamente su ordenanza para elevar el porcentaje, rebajar el umbral de más de diez viviendas o aplicar una escala según los años de desocupación.
Qué debería revisar ahora un propietario en Valencia
El primer paso es comprobar si existe una notificación o un expediente que declare la vivienda desocupada permanentemente. También conviene revisar cuántos inmuebles vacíos posee el mismo titular dentro del término municipal, el recibo del IBI y la causa concreta por la que el piso no está ocupado.
La normativa estatal reconoce como posibles causas justificadas, entre otras, un traslado temporal por trabajo o formación, problemas de salud o dependencia, obras de rehabilitación, litigios que impidan utilizar el inmueble o su comercialización real durante determinados plazos. No todas las viviendas cerradas pueden tratarse fiscalmente de la misma manera, pero las circunstancias deben poder demostrarse.
Quien gestione varios inmuebles también debería presupuestar conjuntamente el IBI, la comunidad, el seguro y el mantenimiento. Para separar estos pagos del gasto cotidiano puede revisar las cuentas bancarias sin comisiones y las cuentas de ahorro, comparando siempre sus condiciones.
La idea práctica es sencilla: París no ha cambiado los impuestos de Valencia, pero sí recuerda que mantener viviendas vacías durante años puede convertirse en un coste creciente. La clave está en comprobar la ordenanza local, la declaración administrativa y las causas de desocupación antes de dar por hecho que existe —o no— obligación de pagar el recargo.
