El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, pidió el 13 de julio que Lanbide deje de abonar temporalmente la Renta de Garantía de Ingresos a quienes no haya podido localizar, hasta comprobar que conservan la residencia efectiva en Euskadi y el derecho a la prestación. Por ahora, es una reclamación política: las fuentes consultadas no recogen una suspensión acordada por el Gobierno Vasco.
La petición parte de una respuesta facilitada por Lanbide y difundida por varios medios. El dato de base es que el Servicio Vasco de Empleo habría publicado cerca de 41.400 notificaciones en el Boletín Oficial del País Vasco durante 2026 después de no lograr entregarlas por los cauces habituales. Ese detalle cambia la lectura económica de la noticia.
41.400 avisos no significan necesariamente 41.400 perceptores
Una notificación administrativa es una comunicación sobre un expediente: puede contener un requerimiento, una resolución, una propuesta de revisión u otro trámite. Una misma persona puede recibir más de una a lo largo del año. Por eso, contar avisos no permite concluir, sin un desglose oficial, que existan 41.400 perceptores distintos en paradero desconocido.
Tampoco puede equipararse automáticamente una carta no entregada con fraude. Puede haber cambios de domicilio no comunicados, errores de contacto, ausencias o expedientes repetidos. De Andrés ha planteado que entre los casos podría haber personas que residan fuera de Euskadi, hayan cambiado de dirección o hayan fallecido, pero esas posibilidades deben comprobarse individualmente antes de convertirlas en hechos.
La clave para el dinero público está en separar tres cifras: cuántas notificaciones se han publicado, a cuántas personas únicas corresponden y en cuántos expedientes Lanbide ha detectado realmente un incumplimiento. Sin esa información no es posible calcular cuánto dinero estaría en riesgo ni presentar los 41.000 casos como pagos indebidos confirmados.
Lanbide puede suspender la RGI, pero no de forma automática y colectiva
La normativa exige que las personas titulares y beneficiarias estén empadronadas y mantengan la residencia efectiva en un municipio de Euskadi. Lanbide puede citarles para comprobar esa residencia, revisar los requisitos y exigir colaboración. Además, el cambio de domicilio debe comunicarse en un plazo de 15 días naturales.
La Ley 14/2022 permite una suspensión cautelar motivada, entre otros supuestos, cuando existan indicios suficientes de una estancia fuera de Euskadi superior a 90 días en el año, haya falsedad u omisiones esenciales, no se aporte documentación después de un requerimiento o no pueda calcularse la prestación por una causa imputable a la persona interesada. El reglamento exige un procedimiento de control y contempla audiencia y alegaciones.
Esto significa que la publicación de un aviso en el boletín puede hacer válida la notificación, pero no convierte por sí sola todos los expedientes en fraude ni justifica necesariamente un corte general. La Administración debe analizar cada situación y motivar la medida. La ley también incorpora protecciones específicas cuando en la unidad de convivencia hay menores, aunque existen excepciones si no puede comprobarse el derecho o calcularse la cuantía.
Qué cambia para el bolsillo de quien cobra la RGI
La reclamación del PP no suspende hoy ninguna nómina. Quien percibe la RGI seguirá sujeto a las decisiones que adopte Lanbide dentro de su expediente, no a una declaración política. En 2026, la cuantía base de referencia es de 583,07 euros mensuales, a la que pueden añadirse complementos y de la que se descuentan los ingresos computables de la unidad de convivencia.
Para evitar que una notificación termine en una suspensión por falta de respuesta, conviene comprobar que Lanbide dispone del domicilio, teléfono y correo correctos; revisar el estado del expediente en Mi RGI; atender los requerimientos dentro del plazo indicado y conservar justificantes de empadronamiento, residencia e ingresos. No se trata de reaccionar al titular, sino de verificar que el expediente está actualizado.
Si ya existe una propuesta de suspensión o una resolución desfavorable, el documento debe indicar la causa, el plazo para presentar alegaciones y los recursos disponibles. La diferencia económica puede ser importante para un hogar vulnerable, por lo que no conviene dejar una comunicación sin abrir ni asumir que un aviso publicado en el BOPV carece de efectos.
El dato que falta antes de sacar conclusiones
El debate tiene una consecuencia directa para contribuyentes y perceptores: los controles deben proteger el dinero público sin cortar prestaciones a hogares que sí cumplen los requisitos. Para valorar la propuesta hace falta conocer el número de personas únicas afectadas, cuántas siguen cobrando, qué expedientes están en revisión y cuántas irregularidades se han confirmado.
Hasta que Lanbide publique o facilite ese desglose, el titular de “41.000 perceptores no localizados” debe manejarse con prudencia. Lo confirmado es la reclamación del PP y la existencia de decenas de miles de avisos edictales. Lo que todavía no está acreditado públicamente es que cada aviso corresponda a una persona distinta o a un cobro fraudulento.
