La frase ha vuelto a circular tras una publicación del 11 de julio de 2026, aunque una versión sustancialmente idéntica de la entrevista ya había aparecido el 9 de noviembre de 2025. El agricultor sostiene que vender por debajo de un euro no resulta rentable y critica los precios que, según su versión, imponen las cadenas comerciales. La publicación no identifica el producto exacto, la variedad, el comprador, la cadena ni la fecha de ambas operaciones, por lo que la comparación concreta debe tratarse como un testimonio pendiente de comprobación documental.
De 0,70 a 2 euros: la diferencia no es todo beneficio
Pasar de 0,70 a 2 euros supone una diferencia de 1,30 euros por kilo. El precio final es 2,86 veces el de origen, un incremento cercano al 186%. Es una brecha llamativa, pero no permite afirmar que el supermercado se quede íntegramente con esos 1,30 euros.
Entre la explotación y el lineal pueden aparecer costes de selección, manipulado, envase, transporte, almacenamiento, mermas, personal, energía, impuestos y comercialización. El Ministerio de Agricultura advierte de que no debe confundirse el margen bruto —la diferencia entre dos precios— con el beneficio neto, que solo se conoce después de descontar los costes directos e indirectos de cada fase.
Eso no invalida la queja del agricultor. La pregunta relevante es otra: si el precio que recibe cubre realmente lo que le cuesta producir y si el reparto de valor permite que cada eslabón sea viable. Sin contrato, facturas, costes acreditados y una referencia comercial idéntica, no puede saberse dónde se concentra el margen.
Los datos de junio muestran brechas parecidas en frutas y hortalizas
El Índice de Precios en Origen y Destino de COAG correspondiente a junio de 2026 situó el IPOD general en 4,11 y el agrícola en 4,33. En productos cercanos a los que cultiva Benjamín, recogió 0,80 euros por kilo en origen y 2,90 en destino para el pimiento rojo; 0,76 y 2,47 para el pimiento verde; y 0,66 y 2,28 para el tomate de ensalada.
El Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía también muestra precios bajos en origen en semanas concretas: 0,55 euros por kilo para el tomate rama entre el 8 y el 14 de junio, y 0,32 euros para el pimiento California rojo entre el 25 y el 31 de mayo. Son categorías, fechas y metodologías distintas, de modo que no prueban la operación descrita por Benjamín, pero sí muestran que existen diferencias amplias entre origen y destino.
Para el consumidor, el dato útil no es solo cuánto se multiplica el precio. También importa comparar el mismo producto, calibre, variedad, origen, formato y semana. Una bandeja envasada no puede equipararse sin más a una caja vendida en la explotación, del mismo modo que una promoción puntual no representa necesariamente el precio habitual.
La ley obliga a cubrir el coste efectivo de producción
La Ley de la Cadena Alimentaria establece que cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción que haya asumido. La Agencia de Información y Control Alimentarios controla el cumplimiento de esta norma dentro de sus competencias.
Por tanto, recibir 0,70 euros por kilo no demuestra por sí solo que exista una infracción. Para determinarlo habría que conocer el coste real de esa cosecha, el contrato, la liquidación, los descuentos aplicados y las condiciones de entrega. Si el productor dispone de indicios y documentación, AICA mantiene un formulario para denunciar posibles incumplimientos.
La protección legal tampoco fija un precio mínimo universal para todos los tomates, pimientos o fresas. El coste cambia según la finca, el agua, la energía, la mano de obra, el rendimiento, el sistema de cultivo y la campaña. La clave está en que el precio pactado cubra los costes acreditables de ese productor, no una media genérica.
Qué debería revisar ahora el consumidor
En la compra diaria conviene mirar el precio por kilo, el país de origen, el formato y si se trata de producto de temporada. Comparar esas cuatro referencias entre establecimientos ayuda más que quedarse únicamente con un porcentaje llamativo. La venta directa puede acortar la cadena, pero tampoco garantiza siempre un precio menor.
Para quien intenta vender directamente al consumidor, el cálculo debe incluir envase, reparto, devoluciones y cobro. También cuentan el coste de un TPV para el negocio y las condiciones de una cuenta para autónomos. Vender sin intermediarios no convierte todo el precio final en beneficio.
La denuncia de Benjamín pone el foco en un problema reconocible: el consumidor puede pagar mucho más de lo que recibe quien cultiva. Antes de señalar cuánto gana cada parte, conviene comprobar que se compara exactamente el mismo producto y exigir datos sobre costes, contratos y precios. Ahí está la diferencia entre una brecha visible y un margen realmente demostrado.
