La medida se dirige al mercado colombiano y no es una convocatoria aplicable a España. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) gestiona bienes que han pasado a administración estatal por distintos procesos judiciales o administrativos. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mantiene una página específica para estos inmuebles y su crédito hipotecario incluye la compra de vivienda usada, con financiación de hasta el 90% para vivienda.
La aprobación depende de la capacidad de pago y de la documentación del afiliado. Ver una propiedad en el catálogo no equivale a tener el préstamo concedido. Además, la cifra de 25 millones de pesos colombianos procedía de un garaje de 12,5 metros cuadrados en Cali, no de una casa o un apartamento.
En el mismo inventario difundido esta semana aparecía una casa en Armenia por 28.228.000 pesos. La página oficial del FNA, actualizada el 23 de julio, mostraba otros ejemplos desde 74.338.872 pesos, una señal de que la oferta y los precios pueden cambiar con rapidez.
Los 25 millones no compraban una vivienda completa
El titular llama la atención porque reduce la barrera psicológica de entrada, pero el detalle está en lo que realmente se vende. El activo de 25 millones era una plaza de aparcamiento en Cali. Las opciones residenciales citadas comenzaban algo más arriba y se distribuían por ciudades como Armenia, Neiva, Tuluá o Montenegro.
Tampoco debe confundirse el precio publicado con el coste final. Algunos activos se comercializan mediante venta directa y otros mediante subasta o puja, por lo que la oferta ganadora puede superar el precio base. La disponibilidad también puede desaparecer antes de que el comprador complete su financiación.
La financiación no elimina el dinero que hay que adelantar
El FNA publicita financiación de hasta el 90% en su crédito hipotecario para vivienda, pero ese porcentaje no es automático ni sirve necesariamente para cualquier activo. Depende del avalúo, la capacidad de pago, el perfil del afiliado y la aprobación final. Un garaje, un local o un lote tampoco deben tratarse como una vivienda usada convencional.
La principal letra pequeña aparece en las condiciones de la SAE. El documento accesible fechado el 9 de marzo de 2026 exige una garantía de seriedad equivalente al 20% del precio base mínimo, que debe abonarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la emisión del cupón. Si la oferta no resulta seleccionada, puede solicitarse la devolución sin intereses; si el comprador desiste o incumple, puede perder ese dinero.
Ese mismo documento señala que un crédito aprobado por una entidad financiera puede cubrir hasta el 80% de la oferta. Esta condición no coincide con las informaciones que hablan del 90%, por lo que el porcentaje aplicable al inmueble concreto debe confirmarse por escrito antes de pujar. También se establecen pagos posteriores con plazos de 10 y 15 días hábiles.
Qué requisitos revisa el Fondo Nacional del Ahorro
Para solicitar financiación hay que estar afiliado al FNA, normalmente mediante el traslado de las cesantías o un Ahorro Voluntario Contractual. La entidad estudia los ingresos, el endeudamiento y la capacidad para asumir la cuota. Una carta de preaprobación tampoco debe confundirse con el desembolso definitivo.
Entre los documentos publicados por el FNA figuran la copia de la identificación, la solicitud de financiación cumplimentada, la declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones, el certificado laboral y los justificantes de nómina, ingresos o pensión de los últimos tres meses. La entidad puede pedir documentación adicional según la actividad económica y el riesgo de la operación.
Los tiempos orientativos publicados incluyen siete días para la radicación, seis para el análisis, 84 para la legalización y tres para el desembolso. De ahí se desprende una cautela práctica: entrar en una puja sin una preaprobación suficiente puede dejar al comprador expuesto a plazos que no controla.
El estado, la ocupación y los gastos pueden cambiar la cuenta
Los términos de la SAE obligan al ofertante a conocer y aceptar el estado físico, jurídico y de ocupación del inmueble. La entidad asume determinadas obligaciones pendientes dentro del saneamiento hasta la entrega, pero el adjudicatario acepta los tiempos del proceso y puede tener que afrontar reparaciones e incluso las actuaciones de desalojo si el bien está ocupado.
A esto se suman los gastos notariales, registrales y tributarios vinculados a la escritura. Antes de calcular si el precio compensa, conviene revisar el certificado de tradición, el avalúo, la ocupación, las deudas de servicios o administración, el estado estructural y el coste de poner la propiedad en uso.
Comprar un inmueble concreto tampoco es igual que invertir de forma diversificada en el sector. La guía de ETFs de bienes raíces explica esa alternativa, mientras que la comparativa de cuentas de ahorro puede ayudar a valorar cómo conservar liquidez. Son contenidos generales y no sustituyen las condiciones colombianas del FNA y la SAE.
La idea práctica es sencilla: primero hay que elegir el inmueble, comprobar que sigue disponible, obtener una preaprobación compatible con los plazos y calcular la garantía, la escritura y las posibles obras. Los 25 millones son un precio puntual de catálogo, no el coste garantizado de una vivienda terminada y libre para entrar a vivir.
