El pleno autorizó el 9 de julio de 2026 la apertura de negociaciones por 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones. La decisión no significa que el euro digital esté ya aprobado para circular: fija la postura de la Eurocámara antes de pactar el texto definitivo con el Consejo de la UE.
Qué ha aprobado realmente el Parlamento Europeo
La posición parlamentaria plantea un euro digital emitido por el Banco Central Europeo que funcione tanto con conexión como sin ella. También prevé servicios básicos gratuitos para los particulares, protección de la privacidad, un límite máximo de saldo y la obligación de mantener el acceso al efectivo en los países de la zona euro.
Aun así, falta cerrar la ley y el Consejo de Gobierno del BCE no decidirá si lo emite hasta que el reglamento esté aprobado. El banco central trabaja con la posibilidad de una primera emisión en 2029, siempre que la legislación europea quede adoptada durante 2026. Por tanto, hoy no existe una cuenta que abrir ni un trámite que realizar.
Cómo podría afectar a tus pagos y a tu bolsillo
El euro digital no sería una criptomoneda ni una moneda distinta. Sería dinero del banco central: un euro digital valdría exactamente un euro. El usuario podría disponer de un monedero a través de un banco, una oficina de correos u otro proveedor autorizado y pagar con el móvil o una tarjeta en comercios, internet o entre particulares.
Para el bolsillo, el matiz más importante es que no sería un producto de ahorro. No pagaría intereses y existiría un límite de tenencia para evitar una salida excesiva de depósitos bancarios. El uso básico sería gratuito para las personas, aunque los proveedores podrían ofrecer servicios añadidos de pago y cobrar a los comercios dentro de los límites que establezca la norma final.
La clave está en separar esta futura herramienta de las decisiones bancarias que ya afectan al presupuesto mensual. Mientras el marco legal no esté cerrado, siguen pesando cuestiones actuales como las comisiones, la atención al cliente o la operativa digital. Para revisarlas con calma, puede ser útil comparar bancos y cuentas y conocer qué ofrecen las cuentas online.
Por qué Europa quiere depender menos de proveedores extranjeros
El argumento político y económico es sencillo: Europa utiliza cada vez más pagos electrónicos, pero buena parte de la infraestructura y de los proveedores dominantes no son europeos. El BCE sostiene que un sistema común, bajo gobernanza europea y disponible en toda la zona euro, ampliaría las opciones del consumidor y reduciría esa dependencia. El Consejo también vincula el proyecto con la autonomía estratégica, la seguridad económica y la resiliencia.
Eso no garantiza que cada familia vaya a pagar menos. El posible beneficio para el lector estaría, sobre todo, en disponer de otra vía de pago aceptada en toda la zona euro y en reducir la dependencia de unas pocas redes privadas. El BCE considera que una alternativa europea también podría mejorar la capacidad de negociación de los comercios, pero el efecto final sobre precios y comisiones dependerá del reglamento y de su aplicación.
Privacidad, efectivo y límites: la letra pequeña que falta
El euro digital está diseñado para convivir con billetes y monedas, no para sustituirlos. La postura del Parlamento obliga a los países de la zona euro a garantizar el acceso al efectivo, mientras que el BCE insiste en que ambas formas de dinero público deben seguir disponibles.
La privacidad tampoco sería idéntica en todos los usos. En pagos sin conexión, los datos personales de la operación quedarían entre pagador y receptor. En operaciones online, el Eurosistema no podría vincular directamente las transacciones con una persona concreta, aunque el banco o proveedor sí tendría que identificar al cliente para cumplir las normas contra el blanqueo de capitales.
Queda por fijar el límite definitivo de euros digitales por persona. El BCE ha analizado escenarios hipotéticos de hasta 3.000 euros, pero esa cifra no es el tope aprobado. También deben cerrarse las condiciones de aceptación, la remuneración de los intermediarios y los costes para los comercios. Para el lector en España, la idea práctica es clara: todavía no hay un servicio disponible ni un trámite abierto. Cuando exista una norma definitiva, habrá que revisar la gratuidad real del servicio básico, la privacidad, el límite de saldo y las posibles comisiones.
