Qué ha pasado con la vivienda vacacional en Canarias
La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, FEDECO, ha pedido que la caída de la vivienda vacacional no se mire solo como un asunto urbanístico o residencial. Su argumento es claro: si desaparece oferta alojativa, también puede cambiar el gasto que llega a supermercados, bares, restaurantes, comercios de proximidad, ocio, transporte, alquiler de vehículos y servicios prestados por pequeñas empresas.
El dato que sostiene la alerta procede del informe citado por FEDECO y de las cifras oficiales del ISTAC: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la oferta publicada en plataformas digitales pasó de 47.648 a 38.337 viviendas. Son 9.311 alojamientos menos, una caída del 19,54%. La patronal destaca, además, que 8.780 de esas viviendas desaparecieron entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, periodo que coincide con la entrada en vigor de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
Conviene subrayar el matiz: coincidir en el tiempo no demuestra por sí solo una causalidad exclusiva. La propia información difundida por FEDECO apunta a esa prudencia. Puede haber efecto regulatorio, pero también decisiones de propietarios, cambios de rentabilidad, adaptación a nuevas exigencias, salida de anuncios duplicados o viviendas inscritas que no estaban operando de forma real.
El ISTAC ha publicado ya una actualización posterior: en junio de 2026 había 36.497 viviendas vacacionales disponibles en Canarias, un 20% menos que un año antes, con 148.882 plazas alojativas. Es decir, la tendencia no se ha frenado en el dato más reciente.
Por qué esto puede afectar al comercio y a las pymes
Para el lector, la pregunta útil no es solo cuántas viviendas vacacionales salen de las plataformas. La pregunta es dónde se gasta el dinero de los turistas que se alojan en ellas.
Un huésped de hotel suele concentrar parte de su consumo dentro del propio establecimiento o en su entorno inmediato. En cambio, una familia o un grupo que se aloja en una vivienda vacacional suele comprar comida en supermercados, consumir en comercios de barrio, contratar excursiones, alquilar coche, usar transporte local o comer en restaurantes cercanos. No siempre ocurre así, pero es una parte relevante del modelo.
Por eso FEDECO pide que la evaluación de la ley no se limite al número de viviendas que vuelven —o no— al mercado residencial. La patronal reclama medir variables como gasto turístico distribuido, estancia media, volumen de visitantes, facturación del comercio minorista, empleo y competitividad de las zonas turísticas. Es un enfoque razonable: sin esos datos, el debate se queda cojo.
Aquí hay una consecuencia práctica para muchos negocios pequeños. Si baja la ocupación turística en determinadas zonas, un restaurante, una tienda, un supermercado local o una empresa de transporte puede notarlo antes que una gran cadena hotelera. Y, para un autónomo o una pyme, una bajada de caja durante varios meses no es una estadística: puede ser la diferencia entre contratar, aguantar o recortar gastos.
En ese contexto, también cobra sentido que los pequeños negocios revisen su estructura de costes. No arregla el problema de demanda, pero ayuda a proteger margen: desde comisiones bancarias hasta pagos con tarjeta, financiación de circulante o elección de servicios financieros. En Finantres ya hemos comparado opciones para bancos para pequeñas empresas, bancos para autónomos y TPV para comercios.
La otra cara: vivienda, alquiler y seguridad jurídica
La regulación de la vivienda vacacional nace de un problema real: el acceso a la vivienda en Canarias. La Ley 6/2025 se aprobó para ordenar el uso turístico de viviendas y entró en vigor el 13 de diciembre de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La norma introduce límites y reglas urbanísticas, entre ellas una capacidad alojativa máxima del 10% de los habitantes de cada núcleo de población en suelo residencial, que puede elevarse al 20% en El Hierro, La Gomera, La Palma y municipios de reto demográfico.
El punto delicado es que retirar viviendas de plataformas turísticas no garantiza automáticamente que esas casas pasen al alquiler residencial de larga duración. Algunas pueden venderse, quedarse vacías, usarse de forma particular, salir temporalmente del mercado o no encajar en precio, ubicación o condiciones para una familia residente.
De hecho, el mercado del alquiler sigue tensionado. En mayo de 2026, el precio medio del alquiler en Canarias subió un 8% interanual y se situó en 16,28 euros por metro cuadrado al mes, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa recogidos por Europa Press.
Esto no invalida la regulación. Pero sí obliga a medirla bien. Si el objetivo es mejorar el acceso a la vivienda, el indicador no puede ser únicamente que haya menos anuncios turísticos. Hay que comprobar si aumenta la oferta residencial, si bajan o se moderan los precios, si más hogares pueden alquilar y si los municipios más presionados ganan vivienda disponible de verdad.
Para los propietarios, el otro problema es la seguridad jurídica. Quien compró o adaptó una vivienda para explotarla como alojamiento turístico necesita saber con claridad qué puede hacer, durante cuánto tiempo, con qué requisitos y ante qué administración. Y quien busca alquilar una vivienda para vivir necesita algo igual de básico: oferta suficiente y precios compatibles con salarios reales.
El impacto no será igual en todas las islas ni en todos los municipios
La vivienda vacacional en Canarias no está repartida de forma uniforme. Según el ISTAC, en mayo de 2026 Tenerife concentraba el 41% de estas viviendas, Gran Canaria el 22%, Lanzarote el 16% y Fuerteventura el 14%. En junio, Tenerife seguía en primer lugar con el 40%, seguida de Gran Canaria con el 21%, Lanzarote con el 18% y Fuerteventura con el 14%.
Esto importa porque el impacto económico no será el mismo en una gran capital, en un municipio turístico maduro, en una zona rural o en una isla con menor oferta alojativa. FEDECO señala que más de la mitad de la oferta se concentra en nueve municipios turísticos, donde también hay pequeños comercios muy dependientes del visitante.
Para esos municipios, el equilibrio es especialmente difícil. Demasiada vivienda turística puede presionar el mercado residencial y encarecer la vida de quienes trabajan allí. Pero una caída rápida de oferta puede reducir gasto en negocios locales si no se compensa con otros alojamientos, más vivienda residencial efectiva o una estrategia turística alternativa.
La clave está en no vender soluciones simples. Ni toda vivienda vacacional es culpable de la crisis residencial, ni toda reducción de viviendas turísticas mejora automáticamente el alquiler. Y tampoco toda pérdida de alojamientos se traduce por sí sola en menos turismo o menos consumo. Lo que falta es una medición más fina.
Qué debe vigilar ahora el lector
El dato de las 9.311 viviendas menos llama la atención, pero no cuenta toda la historia. Para entender si la caída es buena, mala o simplemente una corrección necesaria, hay que mirar cinco indicadores: precios del alquiler residencial, número real de viviendas que vuelven al alquiler de larga duración, gasto turístico fuera del alojamiento, empleo en comercio y servicios, y evolución de los municipios más dependientes del visitante.
Para una familia que busca casa, lo importante será si aparece más oferta y si los precios dejan de subir. Para un pequeño negocio, si el gasto turístico se mantiene. Para un propietario, si las reglas son claras y estables. Y para Canarias, si consigue ordenar el turismo sin dañar una parte del tejido local que vive del consumo diario del visitante.
La noticia, al final, no va solo de plataformas. Va de cómo repartir mejor una economía turística que sostiene empleo y negocios, pero que también convive con un problema de vivienda que ya pesa demasiado en el bolsillo de muchos canarios.
