El calendario da aire, pero no quita trabajo
La Ley Antifraude y el reglamento de sistemas informáticos de facturación han puesto el foco en algo que muchas pymes trataban como un trámite menor: el programa con el que emiten sus facturas. Ya no basta con que el software sea cómodo, barato o se conecte con la cuenta del negocio. Tiene que garantizar trazabilidad, conservación, accesibilidad, legibilidad e inalterabilidad de los registros.
La Agencia Tributaria ha confirmado nuevos plazos: las entidades que presentan Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027 y el resto de obligados tributarios, incluidos muchos autónomos personas físicas, antes del 1 de julio de 2027. El periodo previo es de pruebas, no una barra libre para dejarlo para el último mes.
Para una pyme, la pregunta no es solo si Qonto, Holded, Sage o cualquier otro proveedor dice que “cumple”. La pregunta práctica es otra: qué versión cumple, desde cuándo, con qué funcionalidades, con qué coste y qué pasa si el negocio cambia de proveedor. Ahí está la letra pequeña.
Qué ofrece Qonto y qué no conviene dar por hecho
Qonto está empujando su herramienta de facturación dentro de su propuesta para empresas, pymes y autónomos. En su web afirma que cumple con el reglamento exigido por la Agencia Tributaria y sitúa VeriFactu para pymes en enero de 2027 y para autónomos en julio de 2027. También indica que su facturación online incluye emisión de facturas y presupuestos, cobros por transferencia SEPA, gestión de facturas de proveedores e integraciones con herramientas como Holded o Sage.
El punto que debe mirar una pyme es el coste total. Qonto señala que la facturación online está incluida en todos sus planes desde 19 euros al mes sin IVA en plan anual, y que no aplica costes adicionales por número de facturas, clientes o funcionalidades. Aun así, en una decisión de negocio no basta con mirar el “desde”: hay que revisar plan, módulos, usuarios, permisos, tarjetas, transferencias y servicios que realmente necesita la empresa.
También conviene recordar que Qonto no es un banco, sino una entidad de pago supervisada por la ACPR y el Banco de Francia. Esto no invalida su uso como cuenta de empresa o herramienta financiera, pero sí obliga a comparar bien la operativa con otras opciones. Antes de decidir, puede tener sentido revisar una guía de mejores bancos para autónomos o de mejores bancos para pequeñas empresas si la facturación va unida a cuenta, pagos y tesorería.

La declaración responsable pesa más que el mensaje comercial
La Agencia Tributaria explica que los productores o fabricantes del sistema informático deben certificar, mediante declaración responsable, que el sistema cumple con el artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria, el reglamento y las especificaciones aprobadas. Esa declaración debe identificar el sistema, su versión, su tipología, composición, funcionalidades y los datos del productor.
Esto es clave para una pyme. No vale con guardar una captura de una web que diga “cumple VeriFactu”. Lo prudente es pedir o localizar la declaración responsable de la versión concreta que se va a utilizar. Si el software está debidamente certificado, la AEAT indica que el obligado a emitir facturas no tendrá responsabilidad por el funcionamiento incorrecto del sistema, responsabilidad que corresponderá al fabricante.
La sanción no es un detalle menor. La Ley General Tributaria recoge multas de 150.000 euros por ejercicio y tipo de sistema para fabricación, producción o comercialización de sistemas que incumplan, y de 50.000 euros por ejercicio cuando se trate de tenencia de programas no debidamente certificados en los supuestos previstos. Para una pyme, esto convierte la elección del software en una decisión de riesgo, no solo de comodidad administrativa.
No confundas VeriFactu con la factura electrónica B2B
Otro error habitual es meter todo en el mismo saco. VeriFactu y el reglamento de sistemas de facturación miran sobre todo a la integridad y trazabilidad de los registros. La factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales va por otra vía: el Real Decreto 238/2026 desarrolla el sistema B2B, con plataformas privadas, solución pública y obligaciones de emisión, recepción y comunicación de estados de factura.
Ese real decreto vincula su aplicación efectiva a la orden ministerial que desarrolle la solución pública. A partir de ahí, las obligaciones llegarán en dos fases: 12 meses para empresarios y profesionales con más de 8 millones de euros de volumen de operaciones y 24 meses para el resto. Además, la solución pública deberá estar disponible al menos dos meses antes de la primera aplicación efectiva.
Para una pyme, esto significa que el software elegido debería servir para más que emitir una factura con QR. Debe encajar con la asesoría, exportar datos, conservar registros, permitir cambios de proveedor sin perder histórico, conectar con la cuenta o la contabilidad y, si el negocio cobra con tarjeta o combina tienda física y online, no romper la operativa diaria. En negocios con mucho cobro presencial, también conviene revisar el coste de los mejores TPVs junto al software de facturación, porque la caja no entiende de departamentos separados.
El cierre práctico es sencillo: Qonto puede ser una opción a mirar, pero no una decisión automática. Antes de elegir, la pyme debe revisar coste total, declaración responsable, versión del software, integración con su asesoría, exportación de datos, condiciones de la cuenta y capacidad para cumplir tanto con Ley Antifraude como con factura electrónica B2B. La prórroga da tiempo; no sustituye a hacer números.









