Qué ha aprobado Maó y por qué importa ahora
El Ayuntamiento de Maó ha aprobado inicialmente su Plan de Gestión Sostenible del Agua y su Plan de Emergencia por Sequía, dos documentos que buscan ordenar cómo se capta, se consume y se restringe el agua en un municipio donde el margen hídrico se estrecha. La novedad más visible es la incorporación de una desaladora modular provisional en Cala Figuera, planteada como solución de corto plazo.
La clave está en la palabra “provisional”. No hablamos de la gran infraestructura definitiva que debe dar respuesta estructural al este de Menorca, sino de una instalación móvil o modular pensada para aportar agua desalada cuando los recursos ordinarios no sean suficientes. Es una especie de puente: puede ayudar a evitar restricciones más duras, pero no sustituye una política de ahorro, control de consumos y reducción de fugas.
El contexto explica la urgencia. Menorca ha llegado al verano con las reservas de agua en torno al 34%, el nivel más bajo de la última década, según informó RTVE citando la situación analizada por las administraciones insulares y autonómicas. De momento no se han activado restricciones generales, pero el Govern balear y los municipios han abierto una comisión específica para seguir la evolución de la sequía.
Una solución puente mientras llega la desaladora de Llevant
La desaladora móvil encaja dentro de una estrategia más amplia. El Govern balear ya trabaja en una futura desaladora en el levante de Menorca para dar servicio a Maó, Sant Lluís y Es Castell, una zona donde la calidad del agua también se ve condicionada por la presencia de nitratos. La actuación oficial prevé una capacidad orientativa de 15.000 metros cúbicos diarios para esa nueva planta.
El proyecto estructural va más lento que una instalación provisional. ABAQUA adjudicó a TPF GetinsaEurostudios, S.L. el contrato de asistencia técnica para redactar los documentos previos de la futura desaladora de Llevant, con un plazo de 78 semanas y un importe de 724.995 euros sin IVA. Ese contrato no significa que la planta esté ya construida: es una fase técnica para definir alternativas, preparar documentación ambiental y avanzar en permisos.
Por eso la desaladora móvil tiene sentido económico y operativo. Si se confirma su instalación, permitiría ganar tiempo mientras se tramita la solución definitiva. Para el vecino, el hostelero o el pequeño comercio, lo importante no es solo que haya más agua disponible, sino cuánto costará producirla, quién asumirá ese coste y si acabará trasladándose a la factura.
Qué puede cambiar para vecinos, comercios y grandes consumidores
Para los hogares, la lectura práctica es sencilla: una desaladora móvil puede mejorar la seguridad del suministro, pero no convierte el agua en un recurso barato ni ilimitado. Desalar agua exige energía, mantenimiento, personal técnico y tratamiento del rechazo salino. Si esos costes son altos, la pregunta será si se cubren con presupuesto público, con tarifas o con una combinación de ambas vías.
El plan de Maó también introduce un enfoque más claro sobre el consumo. Entre las medidas previstas aparecen una tarifa por tramos para incentivar el ahorro y la instalación de contadores inteligentes en grandes consumidores municipales, especialmente aquellos que superen los 1.000 metros cúbicos trimestrales. Esto apunta a una idea relevante: la gestión del agua no se apoyará solo en producir más, sino también en saber mejor quién consume, cuándo y cuánto.
Para bares, restaurantes, hoteles, talleres, lavanderías, empresas náuticas y otros negocios que dependen del agua, la noticia tiene una doble cara. Más capacidad de suministro puede reducir el riesgo de restricciones en plena temporada, algo importante para una economía local muy vinculada al turismo. Pero si el coste de producir agua sube, parte de esa presión puede acabar en márgenes más estrechos o en precios finales.
La geografía importa. Cala Figuera y el puerto de Maó no son una ubicación cualquiera: son espacios sensibles para actividad portuaria, tráfico, servicios, paisaje y usos turísticos. Una instalación provisional deberá resolver cuestiones técnicas y ambientales sin tratar el puerto como un simple solar disponible.
La letra pequeña: coste, energía y permisos
La parte que todavía no está cerrada es la más importante para el bolsillo. No se ha confirmado públicamente el coste de la desaladora móvil, su capacidad diaria, la empresa que la suministrará, el calendario exacto de montaje ni cómo se financiará su funcionamiento. Sin esos datos, conviene evitar dos errores: venderla como solución barata o descartarla como gasto inútil.
El debate local ya viene avisando de los costes. Representantes críticos con el modelo de desalación han advertido en Menorca de que el agua desalada puede ser bastante más cara que la extraída de acuíferos, mientras técnicos han puesto sobre la mesa estimaciones de coste y consumo energético para plantas de mayor escala. Esas cifras sirven para entender el debate, pero no deben aplicarse automáticamente a la futura instalación móvil de Maó porque no se ha publicado su diseño concreto.
También está el factor ambiental. Toda desaladora necesita resolver de dónde toma el agua, cómo se conecta a la red, qué energía consume y qué hace con la salmuera. En una isla, estas decisiones no son menores: afectan al coste, al entorno marino, a la percepción vecinal y a la viabilidad administrativa del proyecto.
El plan de sequía de Maó prevé distintos niveles de actuación, desde prealerta hasta emergencia, con medidas que pueden incluir restricciones de usos no esenciales e incluso cortes o racionamientos en escenarios extremos. La desaladora móvil puede ayudar a alejar esos escenarios, pero no elimina la necesidad de ahorrar agua ni de modernizar la red.
La pregunta útil no es solo si Menorca tendrá una desaladora móvil en 2026. La pregunta útil es si llegará a tiempo, cuánto aportará de verdad, cuánto costará producir esa agua y cómo se repartirá el esfuerzo entre administración, vecinos y negocios.
