El caso nació en un juzgado de Ibiza
La disputa no empezó en Madrid ni en una gran plaza financiera. Según la información publicada por La Voz de Ibiza, la demanda se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza, donde el matrimonio pidió la nulidad de la compra de 75 títulos de obligaciones subordinadas del Banco Popular.
La operación se habría formalizado en 2011 en dos compras: 50.000 euros en julio y otros 25.000 euros en octubre, hasta sumar una inversión inicial de 75.000 euros. Los afectados alegaron error en el consentimiento y falta de información adecuada por parte de la entidad que comercializó el producto.
El juzgado ibicenco les dio la razón en marzo de 2021 y condenó a Banco Santander, como sucesor del Popular, a pagar 31.771,62 euros. Esa cifra no equivalía a toda la inversión inicial, sino al resultado de descontar rendimientos brutos percibidos y el importe obtenido por la venta de 10 títulos en 2015.
Dos victorias previas que no han bastado
El matrimonio también logró mantener el criterio favorable ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. La Sección Tercera, en sentencia de 16 de mayo de 2022, confirmó el fondo del fallo e impuso a Banco Santander las costas de la primera instancia, según la misma información.
Ese doble respaldo judicial hacía pensar que la reclamación estaba encarrilada. Sin embargo, Santander recurrió al Tribunal Supremo y el pleito terminó girando sobre una cuestión clave: si los antiguos titulares de instrumentos del Banco Popular pueden seguir reclamando tras la resolución de la entidad en 2017.
Aquí está el punto que importa para el cliente bancario: no se discute solo si hubo o no mala comercialización en origen, sino si, después de la resolución del Popular, existe acción viable frente al banco o frente a su sucesor. Es una diferencia técnica, pero con una consecuencia muy concreta: puede cerrar la puerta a recuperar dinero incluso tras haber ganado antes.
La resolución del Popular cambió el terreno de juego
El 7 de junio de 2017, el FROB ejecutó la resolución del Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución y vendió la entidad a Banco Santander. En esa operación, las acciones y determinados instrumentos de capital fueron amortizados o convertidos dentro del mecanismo europeo de resolución bancaria.
El FROB explicó entonces que la medida buscaba garantizar la continuidad de la actividad, proteger a los depositantes y evitar impacto en las finanzas públicas. Banco Santander comunicó también la adquisición del 100% del capital social de Banco Popular Español.
Para un cliente, la diferencia entre depósito, cuenta bancaria, acción, preferente u obligación subordinada es esencial. Los depósitos ordinarios no son lo mismo que los instrumentos de capital o deuda subordinada. Estos últimos asumían riesgos mucho más altos y, en una resolución bancaria, podían absorber pérdidas.
Por eso conviene revisar muy bien qué se contrata cuando el banco ofrece productos de inversión desde la oficina. Si el lector quiere comparar entidades y servicios desde una perspectiva más amplia, puede consultar la guía de Finantres sobre mejores bancos para invertir, siempre entendiendo que comparar bancos no sustituye leer la documentación legal de cada producto.
La doctrina europea que pesa sobre los afectados del Popular
El cambio de fondo viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su sentencia de 5 de mayo de 2022, asunto C-410/20, el TJUE fijó criterio sobre las reclamaciones de accionistas del Banco Popular tras la amortización total de sus títulos en el marco de la resolución.
Después, la jurisprudencia europea extendió ese enfoque a otros instrumentos de capital convertidos en acciones antes de la resolución. El propio buscador del CENDOJ recoge sentencias recientes del Supremo en las que la Sala Civil aplica esta doctrina a casos de obligaciones subordinadas del Banco Popular, con una idea central: tras la resolución, esas acciones de nulidad o responsabilidad pueden quedar sin base frente a la entidad o su sucesor.
En el caso del matrimonio de Ibiza, el Supremo habría aplicado esa línea y concluido que los afectados carecen de legitimación para reclamar. Dicho en claro: el tribunal no entra solo en si el producto fue bien o mal vendido, sino en si la reclamación puede prosperar después de la resolución del banco.
El matiz es importante. No significa que todos los clientes que reclamen a un banco estén en la misma situación. Tampoco convierte cualquier producto bancario en irrecuperable. Afecta a un grupo muy concreto: antiguos titulares de instrumentos del Popular golpeados por la resolución y por la doctrina europea posterior.
Qué debe mirar un cliente ante un producto complejo
La lección práctica no está solo en el desenlace judicial. Está en la contratación inicial. Antes de aceptar productos como subordinadas, preferentes, bonos convertibles u otros instrumentos complejos, el cliente debe saber si puede perder capital, si el producto cotiza, si es fácil venderlo, qué pasa en una resolución bancaria y qué documentación firma.
También conviene conservar órdenes de compra, test de conveniencia o idoneidad, folletos, extractos, comunicaciones del banco y cualquier explicación recibida por escrito. Si el producto se contrató en una oficina o a través de un gestor, esa trazabilidad puede ser decisiva en una reclamación.
En casos vinculados a Banco Santander, puede ser útil tener localizados los canales de contacto de la entidad, como los recogidos en la guía de atención al cliente y teléfonos de Santander, aunque una reclamación judicial o extrajudicial siempre debe valorarse con asesoramiento especializado cuando hay importes relevantes.
Para el matrimonio de Ibiza, la noticia es dura porque llega después de dos resoluciones favorables. Para otros clientes, deja una advertencia clara: en banca, ganar una primera batalla judicial no siempre cierra el caso, sobre todo cuando entran en juego productos complejos, resolución bancaria y doctrina europea vinculante.
