No es una multa automática: depende de la ordenanza municipal
La alerta sobre los extractores de humo en patios no nace de una norma regional nueva para toda la Comunidad de Madrid. La clave está en las ordenanzas municipales, en el Código Técnico de la Edificación y, cuando hay comunidad de propietarios, en las reglas internas del edificio.
En Madrid capital, la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública está en vigor desde 2014 y permite al Ayuntamiento actuar cuando una instalación o actividad afecta a la salubridad de viviendas, edificios o espacios de convivencia. La propia ordenanza prevé multas coercitivas para hacer cumplir requerimientos municipales: hasta 3.000 euros si hay incumplimiento total de una resolución, después de un requerimiento previo.
El matiz importa para el bolsillo: no significa que cualquier extractor instalado hacia un patio genere automáticamente una sanción de 3.000 euros. Significa que, si hay expediente, requerimiento municipal y falta de corrección, el coste puede crecer. En otros municipios madrileños la regulación cambia. Navalcarnero, por ejemplo, incluye extractores y evacuación de humos en su ordenanza sobre instalaciones en fachadas, también en fachadas interiores que dan a patios, y contempla sanciones que pueden llegar a 3.000 euros en determinados supuestos.
Por qué sacar humos al patio puede salir caro
El problema no está solo en el aparato, sino en dónde expulsa el humo, los vapores o los olores. El Código Técnico de la Edificación exige que la extracción de contaminantes de la zona de cocción sea independiente de la ventilación general, con un caudal mínimo previsto para cocinas, y regula las condiciones de expulsión del aire viciado en los edificios.
Para una familia, un propietario o un casero, el coste real puede no quedarse en la multa. Puede incluir la retirada de la instalación, una nueva salida de humos, trabajos de albañilería, informe técnico, licencia si procede o incluso una derrama si afecta a elementos comunes del edificio. En viviendas antiguas de Madrid capital y de municipios con mucho parque residencial consolidado, los patios interiores suelen concentrar instalaciones, ventilaciones y conflictos vecinales.
Además, si el extractor genera molestias, olores persistentes o afecta a otros pisos, la vía municipal puede convivir con la vía de la comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal obliga a respetar instalaciones y elementos comunes, mantener en buen estado la vivienda o local y evitar actividades dañosas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
Qué deben revisar vecinos, propietarios y comercios
Antes de reformar una cocina o instalar una campana, conviene comprobar tres cosas: si existe conducto independiente hasta cubierta, si el aparato afecta a fachada interior o patio común y si la comunidad de propietarios permite esa intervención. La instalación más barata en obra puede convertirse después en la más cara si obliga a desmontar o legalizar.
Para los inquilinos, el punto práctico es distinto: no deberían modificar una salida de humos sin autorización del propietario y, si sufren molestias de otro piso o local, lo prudente es documentar el problema y trasladarlo al administrador de fincas o al ayuntamiento correspondiente. La clave es separar una molestia puntual de un posible problema de salubridad o incumplimiento técnico.
En locales de hostelería, comercios o actividades con cocina, el riesgo económico puede ser mayor. Una salida de humos mal resuelta puede afectar a la licencia, a la convivencia con los vecinos y al coste de adaptar el local. En Madrid, donde muchos negocios funcionan en bajos de edificios residenciales, esta diferencia entre vivienda, local y comunidad no es menor.
La idea útil no es asustar, sino revisar antes de actuar. Un extractor que hoy parece una solución rápida para evitar obras puede acabar en requerimiento, retirada y coste adicional. En estos casos, el dinero se protege mejor comprobando la ordenanza municipal concreta, el estado del edificio y la autorización de la comunidad antes de tocar la instalación.
