Qué cambia con la nueva tasa antiblanqueo
La reforma que prepara el Ministerio de Economía crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, conocida como ANIFI, una nueva autoridad administrativa independiente para concentrar la supervisión, inspección y sanción en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La novedad importante para la banca no es solo institucional. Economía prevé que la nueva autoridad tenga financiación propia y no dependa de los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, se nutrirá de una tasa sobre sujetos obligados con licencia administrativa, principalmente entidades financieras y operadores de juego, además de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga.
Según la información adelantada por Cinco Días, el presupuesto previsto de la ANIFI rondaría los 50 millones de euros anuales y cada entidad o empresa aportaría como máximo 1,5 millones de euros al año. La tasa se repartiría en proporción al activo total de cada entidad, aunque el anteproyecto todavía debe completar su tramitación parlamentaria.
A quién afecta: bancos, aseguradoras, gestoras, cripto y juego
El foco está en el sector financiero en sentido amplio. La tasa afectaría a bancos, aseguradoras, gestoras, empresas de servicios de inversión, entidades de pago, plataformas de criptoactivos y operadores de juego, según la información publicada sobre el texto.
Para el cliente bancario, el matiz es clave: no se ha anunciado una nueva comisión directa en cuentas, tarjetas, hipotecas o préstamos. La tasa la pagarían las entidades obligadas, no el usuario de forma individual en su recibo bancario. Otra cosa distinta es que los costes regulatorios puedan acabar pesando en la política comercial de las entidades, algo que conviene vigilar sin convertirlo en una afirmación automática.
En banca, el coste importante no siempre aparece con el mismo nombre. Un nuevo gasto para las entidades no implica por sí solo que suba una comisión concreta, pero sí puede reabrir el debate sobre cuánto cobran los bancos por mantener cuentas, tarjetas, transferencias o servicios presenciales. Quien esté revisando sus gastos puede comparar el coste de su entidad con las opciones de bancos y cuentas sin comisiones, siempre mirando condiciones y no solo el reclamo comercial.
Por qué Economía cambia el modelo
La reforma forma parte de la actualización del marco español de prevención del blanqueo de capitales. El anteproyecto sustituiría la Ley 10/2010 y adapta el ordenamiento español al nuevo paquete europeo antiblanqueo, además de incorporar cambios vinculados a las recomendaciones del GAFI.
La ANIFI integrará funciones que hoy están en el SEPBLAC y en la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Ministerio defiende que la nueva autoridad permitirá concentrar la unidad de inteligencia financiera, la supervisión, la inspección, la potestad sancionadora y la interlocución con la futura autoridad europea antiblanqueo.
El SEPBLAC recibe comunicaciones de los sujetos obligados, analiza información, eleva actuaciones con indicios y supervisa el cumplimiento de las obligaciones antiblanqueo. Ese papel explica por qué bancos y otros operadores financieros son una pieza central del sistema: son quienes deben identificar clientes, controlar operaciones sospechosas y comunicar determinados indicios.
La letra pequeña para el cliente: no es una comisión, pero puede acabar importando
La banca ya ha mostrado malestar por la futura tasa. Fuentes del sector citadas por Cinco Días sostienen que las entidades ya dedican recursos relevantes a prevenir el blanqueo y ven el nuevo pago como una carga añadida. El argumento del Gobierno, en cambio, es que la autoridad se financiará sin coste directo para el contribuyente.
Para el cliente, la pregunta práctica es otra: si el banco soporta más costes regulatorios, ¿puede eso terminar influyendo en comisiones, condiciones o requisitos de vinculación? Hoy no hay una respuesta cerrada. No consta una subida automática de comisiones por esta tasa, ni una obligación de trasladarla al usuario. Pero sí conviene vigilar cualquier cambio futuro en contratos, tarifas o comunicaciones de la entidad.
La clave está en separar dos planos. Uno es la tasa que pagarán las entidades para financiar la supervisión antiblanqueo. Otro, distinto, son las condiciones que cada banco aplique a sus clientes. Por eso, antes de atribuir una comisión a esta reforma, habrá que comprobar si el banco comunica un cambio contractual concreto y con qué justificación. Para una revisión más amplia del mercado, también puede servir la comparativa de bancos y cuentas, sin perder de vista la letra pequeña.
La reforma sigue en tramitación y el propio Ministerio ha abierto un periodo de audiencia pública para presentar alegaciones hasta el 30 de septiembre de 2026. Hasta que el texto quede aprobado definitivamente, lo prudente es tratar las cifras y el reparto concreto como una base de trabajo pendiente de cierre normativo.
